En 2014, un grupo de jóvenes diputados propuso reducir en un 50% la dieta parlamentaria en Chile. Con esta iniciativa se buscaba solucionar problemas de legitimidad derivados de los altos ingresos de los congresistas en un contexto de alta desigualdad. La literatura,  generalmente, señala que la dieta parlamentaria es un requisito para la ampliación democrática, pues permite que personas que no tienen otros ingresos (e.g., rentas o  inversiones) que los provenientes del trabajo diario puedan ejercer la función representativa en el Congreso. Sin  embargo, la ciencia política no se ha detenido a estudiar en detalle que la dieta parlamentaria no es siempre vista como un instrumento capaz de mejorar la calidad de la representación política, sino a veces como una fuente de conflicto político, especialmente cuando se trata de magnitud relativa. Este artículo busca analizar esta arista, a partir de un estudio  de los debates que la dieta, y especialmente su monto, ha generado en la sociedad chilena  entre 1924 y 2021. Se sostiene que, en un plazo de 90 años, la dieta pasó de ser considerada como un instrumento útil para incorporar nuevos sectores sociales a la vida política a ser visto como uno que genera una distorsión de la representación al dotar a los parlamentarios de un nivel de vida que los coloca dentro de una muy selecta minoría de personas con altos ingresos.