Este trabajo examina cómo los Gobiernos de América Latina diseñan estrategias, a partir de normas constitucionales existentes, para canalizar un gasto público que reclute aliados y, con ello, beneficiarse de la fragmentación política (i. e. el aumento marginal de los actores con organización y representación nacional). Si la norma constitucional limita tal discrecionalidad, actuará como freno a la fragmentación. Al controlar la influencia de la coyuntura económica (visto que el gasto fiscal cambia en el transcurso del ciclo económico), los Gobiernos maximizarán su discreción mediante el gasto de recursos que asegure el apoyo de aliados potenciales dentro de las restricciones constitucionales. Por medio de la aplicación de una batería de pruebas econométricas de panel, encontramos que, respecto a la discrecionalidad en el gasto del presupuesto, hay un aumento asociado de casi 1,2 puntos porcentuales en la fragmentación política por cada punto porcentual de déficit, y respecto de los resultados presupuestarios, un aumento asociado de casi un punto porcentual, en el caso en que el Congreso aprueba el presupuesto. En relación con la exclusividad en las áreas reservadas para el Ejecutivo, se presenta un aumento de 0,75 puntos porcentuales en la fragmentación. El efecto del gasto presupuestario es más potente en dicha fragmentación: 15% a 55% más visible que los efectos de los resultados en la mera aprobación o en las áreas reservadas del Ejecutivo en materia económica y financiera. Los efectos presupuestarios reflejan una mayor incidencia en el periodo anterior a 2008. Después de esa fecha, la discrecionalidad y su incidencia en el gasto cambia, para darle facultades al Ejecutivo de reservarse poderes en materia económica y financiera.