Cuando un individuo es enviado a prisión, se le priva de libertad como resultado de la seriedad de su ofensa al cuerpo social. Esta severa restricción descansa en el supuesto de que la persona es enviada a prisión como castigo, y no para ser castigada. Varios tratados internacionales han reafirmado este principio y enfatizado que las prisiones deben respetar la dignidad de los internos y promover su reintegración social. Sin embargo, las cárceles chilenas enfrentan diversas problemáticas que convierten la reclusión en una forma de castigo permanente, más allá de la mera privación de libertad: hacinamiento, uso exagerado del confinamiento solitario, escaso acceso a programas de reinserción, dificultades para procesar reclamos de los reclusos, malos tratos a internos y visitas, entre otros. Aunque ha habido reportes previos respecto de las condiciones carcelarias, estos no han seguido una metodología sistemática ni han ofrecido una descripción detallada de los problemas por áreas y, como resultado, existen pocos puntos de referencia basados en evidencia empírica para la toma de decisiones. A petición de la propia Gendarmería de Chile, a través de su Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el autor diseñó el primer estudio nacional de percepción de la calidad de vida penitenciaria. Por medio de un muestreo aleatorio estratificado fueron encuestadas 2.093 personas privadas de libertad en 75 cárceles del país. Los resultados presentan una percepción general de deterioro del sistema no sólo en cuanto a condiciones de infraestructura, sino también por diversas prácticas abusivas, por situaciones de violencia al interior de las cárceles y una escasa cobertura de los programas de reinserción.